Como una marea que se extiende junto a los gobiernos de derecha alrededor del mundo, comienza a institucionalizarse una vez más la xenofobia, incluso en países que contaban con legislación para proteger el derecho a migrar. Los medios de comunicación masiva no hacen más que reproducir el estereotipo migrante-delincuente que las políticas públicas actuales tienen como enemigo central bajo el argumento falaz de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Ante la persecución que sufren miles de seres humanos por el sólo hecho de cruzar una frontera, es deseable pararnos ante el espejo y preguntarnos ¿Estamos de acuerdo? ¿Haber nacido bajo una determinada bandera nos permite considerarnos con más Derechos Humanos que quiénes no lo hicieron en nuestro territorio? ¿Le negaríamos a alguien el acceso a la salud y a la justicia por ser migrante?
Las respuestas varían. El discurso xenófobo no es una novedad y estaba latente en muchas familias argentinas que tibiamente exponían antes, lo que ahora gritan sin temor a ser cuestionados, avalados por políticas discriminatorias que vulneran incluso lo estipulado en tratados internacionales.
¿De qué hablamos cuando hacemos mención al recrudecimiento de la xenofobia? Podemos mencionar a modo de ejemplo el decreto del actual presidente norteamericano Donald Trump que pretende evitar el ingreso al país a personas de determinadas nacionalidades, construyéndolas a todas ellas, como criminales. El todo por la parte. Y aunque tal vez sea mundialmente el caso actual más conocido de regresión en materia de Derechos Humanos para extranjeros, no es el único.
La situación Argentina
El gobierno de Mauricio Macri transita un camino que apunta a la criminalización de todo extranjero. En enero de 2016 mediante el Decreto N° 228 se declaró la Emergencia en Seguridad Pública y en septiembre la Dirección Nacional de Migraciones y el Ministerio de Seguridad Nacional anunciaron la creación de un centro de detención para migrantes. Además, se descontinuó el Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria. Comenzaba a allanarse el terreno para avalar la persecución por portación de rostro.
A los inicios del 2017 el Decreto N°50 extendió la Emergencia en Seguridad Pública y se sancionó el Decreto N°70 que modifica la ley 25.851 de Migraciones. El DNU establece como necesario el perfeccionamiento del sistema migratorio debido a la globalización, internacionalización y el crecimiento del crimen organizado y deja sin efecto una ley sancionada por unanimidad en ambas cámaras. Según el Ejecutivo “la naturaleza excepcional de la situación hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. ¿Cuál es esa situación urgente?
Según datos oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), del total de personas detenidas por drogas en todo el país, el 82% son argentinos y el 18% restante son extranjeros. Es decir, están detenidas 1.426 personas que representan el 0,06% del total de la población migrante en el país. ¿Son los extranjeros el problema para la seguridad pública? Los números no permitirían afirmarlo.
Lo cierto es que el DNU –repudiado ampliamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía Internacional y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que directamente insta a su derogación– modifica sustancialmente la calidad de vida de las personas migrantes que habitan nuestro suelo: disminuye de 180 a 90 días la vigencia de residencias transitorias, acelera los trámites de expulsión vulnerando el derecho de defensa y reduce la aplicación del principio de reunificación familiar.
Además, establece que todo migrante puede ser impedido de ingresar al país o ser expulsado por cualquier delito cometido, incluyendo contravenciones como ventas ambulantes o faltas de tránsito. Viola el principio de inocencia ya que no considera necesario tener una condena firme para ser expulsado, e introduce posibilidades más amplias de privación preventiva de la libertad hasta tanto quede firme el proceso de expulsión.
La lucha migrante
Lourdes Rivadeneyra, coordinadora nacional de la Red de Migrantes en Argentina asegura que el decreto modificó al 100% la situación de la comunidad en el país. Considera que se produjo un retroceso al momento de la vigencia de la ley 22.439 –más conocida como ley Videla– que obligaba a los hospitales a exigir que los extranjeros acrediten su identidad y justifiquen su permanencia legal en el país como requisitos para ser atendidos.
Al igual que durante la última dictadura cívico-militar, los migrantes tienen problemas para acceder a la salud, a la educación y al trabajo. Rivadeneyra denuncia casos en los que niños argentinos de padres migrantes no son atendidos en hospitales porque éstos últimos no cuentan con la residencia definitiva. Sostiene además, que los medios de comunicación construyen al extranjero como el culpable de todos los males del país.
El acceso a la justicia que debería estar garantizado es una mera formalidad. Para acceder a abogados del Estado hay que demostrar que no se cuenta con los recursos económicos para abonar uno privado. En casos de expulsión, es la Comisión del Migrante del Ministerio Público de Defensa quién se hace cargo de la defensa. Pero para ello, el migrante debe solicitarlo formalmente. El problema está en que la comunidad desconoce el procedimiento y Migraciones no lo informa.
A partir de la sanción del decreto, desde la Red de Migrantes trabajan en distintas áreas para lograr que sea declarado inconstitucional y posteriormente derogado. Se brinda asesoramiento a la comunidad, se realizan campañas de sensibilización destinada a la sociedad argentina, y se propone una ley de Voto a Nivel Nacional –para extranjeros que acrediten una residencia regular mínima de cuatro años en territorio argentino–. Hacia el ámbito internacional se presentan denuncias ante diferentes Comisiones de Derechos Humanos.
La construcción social del enemigo
En la lectura que Saül Karsz hace de Robert Castel (2004) encuentra que la exclusión descansa en reglamentos y procedimientos y que aunque no justa, aparece siempre legitimada mediante un dispositivo administrativo, institucional y jurídico. Añade que en ella se expresan las alianzas y confrontaciones ideológicas y políticas. Asimismo, Umberto Eco (2013) asegura que “tener un enemigo es importante no sólo para definir nuestra identidad, sino también para procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores, y mostrar, al encararlo, nuestro valor”.
Es preciso entonces preguntarse por la nueva correlación de fuerzas que hoy permite perseguir extranjeros y si estamos o no de acuerdo con la construcción de un enemigo –condensado en la figura del migrante– que nos permita mirar para otro lado.
Bibliografía de consulta
– Eco, Umberto: “Construir al enemigo, selección de ensayos”, Editorial Lumen, Barcelona, 2013, pág 8.
– Karsz Saül, coordinador: “La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y matices”, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, pág 76.
*La Red de Migrantes y Refugiadxs en Argentina brinda ayuda legal y jurídica gratuita. Para ponerse en contacto se puede visitar el sitio web http://reddemigrantes.com.ar y/o escribir a info@reddemigrantes.com.ar.
