Este domingo, el programa protagonizado por Jorge Lanata y transmitido por la pantalla de Canal 13 dio una nueva demostración de que los límites éticos y legales pueden perforarse todavía más. Con 13,8 puntos de rating, el showman y su producción se dieron el lujo de poner en escena una nueva bajeza televisiva, mostrando una entrevista a un niño del conurbano bonaerense que “confesaba” haber cometido varios delitos: desde robos y consumo de drogas hasta un supuesto homicidio.
Lo que no tiene en cuenta el montaje realizado por PPT es que existen leyes vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como protocolos para el tratamiento de informaciones que conciernen a los jóvenes.
Por un lado, cabe reflexionar en torno a las responsabilidades periodísticas, ya que la identidad de un niño debe ser preservada. En la entrevista en cuestión, el programa difundió la imagen del niño apenas pixelada, especificó su lugar de residencia y su apodo real. Por otra parte, se podía ver a la policía claramente en el encuadre y al niño sin la compañía de adultos que pudieran contenerlo. Bajo todas luces fue un tratamiento inhumano e indigno que perversamente colocó en el lugar de victimario a quien estaba siendo víctima del abuso de autoridad y la extorsión.
Posteriormente se conoció que el Municipio de Lanús, -gobernado por el dirigente de Cambiemos Néstor Grindetti- mediante el secretario de seguridad Diego Kravetz, cooperó en la producción del encuentro. Los medios de comunicación invisibilizan la existencia subjetiva de estos pibes. Cuando aparecen son ridiculizados al estilo “Policías en Acción” o estigmatizados como delincuentes en alguna nota amarillista.
Sin embargo, en nuestro país, desde la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual existe un organismo encargado de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en materia de Comunicación. A su vez, existen recomendaciones de otros organismos nacionales (como la defensoría del público) o internacionales (como Unicef) sobre el tratamiento de este tipo de situaciones. Bajo todos los estándares, la entrevista realizada por el programa de Jorge Lanata constituye una vulneración de los derechos del niño.
Según la guía para periodistas de comunicación, infancia y adolescencia de UNICEF:
“Las empresas periodísticas, los y las profesionales que trabajamos en comunicación, podemos mejorar sustancialmente la calidad del debate sobre la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestros países, posibilitar la inclusión del enfoque de derechos en las discusiones y tratamientos de temas que los afectan, y generar herramientas que permitan a la sociedad comprender sus compromisos y responsabilidades” (2017:04).
Aunque los discursos mediáticos no sean todopoderosos sí generan opinión y ponen en circulación estereotipos sobre los jóvenes. Según el manual de UNICEF sobre la cobertura de temas vinculados a violencia, lo que los periodistas construimos como noticias funciona como: “un repertorio de lo habilitado y no habilitado en los discursos sociales, de los límites de lo decible, y genera información para el debate público. En ocasiones, además, puede instar a la acción” (2017:07). Pareciera que vivimos en el reino del revés donde los adultos (y sobre todo el Estado) que deberían responsabilizarse por los niños en situación de vulnerabilidad, son los primeros en estigmatizarlos.
En este sentido, la organización plantea en sus manuales:
“Para informar sobre acontecimientos en que niñas, niños y adolescentes son víctimas, debe darse cuenta del proceso que los llevó a eso. No se trata de concentrar la atención en los detalles truculentos, que terminan alimentando el morbo y construyendo una perspectiva fragmentada, sino de dar cuenta del contexto: cómo chicas y chicos terminaron siendo víctimas, qué llevó a la situación noticiada, qué espacios. Es fundamental incluir esa perspectiva para que la noticia contemple la mirada de los derechos” (2017:08).
Por otra parte, cabe reflexionar sobre el rol del Estado. De acuerdo con la Declaración Internacional de los Derechos del Niño y con la Ley Nacional de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (ley 26.061), los Estados deben promover la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías. Entre ellos se encuentran el derecho a ser oído, al desarrollo personal, familiar y cultural, el derecho a respetar el grado de madurez y capacidad de discernimiento, el derecho a la salud y a la educación, al medio ambiente saludable y al juego, entre otros.
La impunidad con la que están acostumbrados a manejarse ciertos medios de comunicación que cuentan con una posición dominante es la que hizo posible la denuncia. El programa PPT difundió la entrevista del niño dando a conocer su apodo real- lo cual está prohibido por ley- y permitió identificar la situación de inmediato. Así, el dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois además de denunciar la manipulación y la extorsión por parte de las autoridades, resaltó la situación de exclusión en la que vive el joven, sus problemas de salud y la falta de atención del Estado. Pero así como el MTE pudo identificarlo para actuar en defensa de sus derechos como niño, cualquiera podría hacerlo para salir a “lincharlo”.
Lo que el informe quiere mostrar es la falta de respuesta punitiva. Se invierten la causa y la consecuencia: la delincuencia es un problema de la (in)moralidad innata de ciertos individuos (o de sus cerebros dirán las neurociencias) y como única respuesta posible aparece el castigo penal. ¿Cómo podemos condenar a un niño por su situación actual si ésta es generada por escasas condiciones de posibilidad que brinda el Estado?
Nos cuesta desvincular el hecho de la campaña electoral de Cambiemos, que ya hace meses agita la bandera de la baja de la imputabilidad, un placebo predilecto de todas las derechas y que cada tanto intenta colarse en algún ideario progresista “pragmático”, como respuesta a la violencia que la propia estructura social desigual genera. A comienzos de año, el gobierno habló abiertamente de este proyecto, aunque dijo que no lo haría parte de la campaña. Sin embargo, parece ser otra promesa incumplida. Desde que la entrevista de PPT salió al aire ha habido una nueva arremetida por parte del oficialismo que, huelga mencionar, encuentra en el punitivismo una de las insignias características de varios candidatos en la provincia, como el caso de Carolina Píparo, quien con un embarazo casi a término fue baleada durante un asalto y como consecuencia, perdió a su bebé.
Este video es una clara criminalización de la infancia donde se ve expuesta su situación social y subjetiva vulnerable, su imagen, apodo y su padecimiento. No podemos evitar pensar que el objetivo es generar consenso para condenar a estos niños de manera de poder aprobar una baja en la edad de imputabilidad. Resulta mucho más fácil culpar a la víctima que cuestionar las condiciones estructurales de desigualdad que son las que en definitiva, generan violencia.
Lo paradójico de este video es que se emitió por el mismo canal que todos los años emite el programa “Un sol para los chicos”. Este show consiste en una campaña solidaria que apunta a recaudar fondos para que Unicef desarrolle su trabajo en cinco áreas vinculadas a la niñez: inclusión social y monitoreo de los derechos de la niñez; educación inclusiva y de calidad; protección y acceso a la justicia para los niños y adolescentes; salud y bienestar; y movilización social. En la misma pantalla conviven la estigmatización y el lucro a cuestas de los jóvenes con los principios planteados por UNICEF.
Desde la legalidad vigente y desde las recomendaciones profesionales existen respuestas alternativas ante la situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes. Existen también herramientas para periodistas y funcionarios para formarse y capacitarse en legislación y en los abordajes adecuados, de manera que puedan trabajar en línea con nuestra Constitución. No queda más que pensar, que Lanata y su producción, no cometieron un error por falta de información sino que violaron intencionalmente los Derechos del Niño y todas aquellas leyes que protegen a los menores de edad.
En un mundo donde los únicos privilegiados sean los niños, la sociedad debería discutir cómo incluirlos y no encarcelarlos. Es el Estado quien tiene la obligación de garantizar los derechos a salud, educación, vivienda y una infancia digna.
Material de referencia para el tratamiento de problemáticas que involucran a niños, niñas y adolescentes:
Declaración sobre la juventud y los medios audiovisuales (Defensoría del público)
Capacitación virtual: el derecho a la comunicación de chicos y chicas (Defensoría del público)
